IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR LEGAL

El diccionario de la lengua española define innovar como “alterar algo, introduciendo novedades”.

Innovar es aplicar nuevas ideas, conceptos, métodos o prácticas sobre determinada cuestión, actividad o proceso, con el propósito generar mejores eficiencias e incrementar los niveles de productividad.

Se trata de hacer de forma diferente lo que hasta el momento teníamos aprendido o establecido, con la intención de hacerlo de manera más rápida o ágil, mejorar la calidad, o procurar emplear menor cantidad de recursos, pero manteniendo la capacidad de producir el mismo volumen de bienes o servicios, o incluso más. Así se incrementarán nuestros niveles productivos y aumentará la rentabilidad.

El aumento de la productividad está asociado al crecimiento económico, y en este aspecto, la innovación juega un papel esencial en este proceso.

Cuando hablamos de innovación inevitablemente todos pensamos en tecnología, ya que la era digital en la que estamos inmersos ha traído elementos disruptivos que han llegado a replantear completamente el modo tradicional de hacer las cosas.

Sirva de ejemplo como consumimos ahora la música o las series y las películas, con Spotify o YouTube Music, Netflix o Prime Video. O como la industria del alojamiento vacacional o el transporte de viajeros ha sido reinventada por completo por Airbnb o Uber o Cabify. En estos últimos ejemplos, no sólo la tecnología ha tenido un papel fundamental, sino también la manera de entender la interactuación entre cliente y proveedor a través de una plataforma colaborativa, que actúa como intermediario, y que lejos de encarecer el servicio, como suele ser habitual cuando terceros intervienen en el proceso, lo abarata al existir multitud de ofertas respecto de las que poder elegir.

Es por ello que la innovación es un elemento esencial en el crecimiento de cualquier sector o negocio.

Y como no podía ser menos, se configura esencial en el sector legal, que, además, necesita acometer definitivamente el cambio que ya se ha operado en el resto de los sectores en los que la transformación digital se implantó ya hace tiempo, pero que en el nuestro sigue siendo una asignatura pendiente.

La digitalización del sector se constituye como uno de los grandes desafíos para la profesión, y que se vuelve clave para poder acometer otros dos grandes retos a los que nos enfrentamos los operadores jurídicos: el incremento de la rentabilidad de cada asunto tramitado; y ofrecer los precios competitivos que demanda el mercado sin que el margen de beneficios se vea minorado. Lo que viene siendo el “más por menos”.

En este aspecto la innovación juega un papel esencial, ya que, al introducirse nuevas ideas o métodos a la hora de gestionar nuestros asuntos con el objeto de ser más eficientes y productivos estaremos optimizando nuestros recursos, ya sea por reducir los tiempos de gestión o requerir de menos profesionales en su cometido, incrementándose nuestra rentabilidad.

Y este margen, será el que nos permita ofrecer precios más competitivos sin que nuestros beneficios se vean mermados.

Aterrizándolo con un ejemplo, si puedo rebajar los tiempos dedicados a cada una de las tareas que diariamente realizo, como pueda ser dar de alta expedientes, archivar documentos, generar escritos de trámites, remitir documentos o información por correo o presentar escritos en las plataformas judiciales, nos sobrará tiempo, que podremos dedicar a tareas que hasta el momento no podíamos, y estaremos gestionando mayor volumen, sin necesidad de trabajar más hora o requerir de nuevos miembros en el equipo.

Porque tradicionalmente, en nuestra profesión, la única manera de abarcar mayor carga de trabajo, ha sido alargando la jornada laboral, o contando con alguna mano extra. Pero ahora, la automatización de tareas que las nuevas tecnologías nos ofrecen, supone un antes y un después en este sentido.

Es por ello que la innovación en el sector legal es tan esencial para aligerar y agilizar, o replicar tareas que requieren de gran esfuerzo en su gestión, como es la carga documental que la tramitación de asuntos judiciales requiere, que cada vez es mayor, y que al contar con un gran componente de carácter rutinario y de escaso valor, se convierten en firmes candidatas para ser replicadas por los entornos digitales.

Porque la realidad es que son muchas las partidas de trabajo que a día de hoy siguen realizándose de forma manual, y que para los despachos suponen el empleo de mucho tiempo y recursos, y de las que aún no hay soluciones de automatización, como pueda ser a título de ejemplo, el diligenciamiento de los mandamientos en los registros, o las revisiones de los fallos de las sentencias por si existiera error material o aritmético que requiriera ser aclarado o rectificado, y que con las herramientas con las que ahora contamos, serían fácilmente solventables.

Las nuevas tecnologías deben automatizar lo rutinario y ordinario para permitir que los profesionales nos dediquemos a lo que nos convierte en juristas y aporta verdadero valor a nuestra profesión.

Toca ahora que los proveedores de tecnología sean capaces de desarrollar soluciones que automaticen estas tediosas tareas.

Sin embargo, al ser los procedimientos judiciales tan extensos, complicados, repletos de recovecos procesales y de tantas posibles variantes y casuísticas, es obvio que estas soluciones difícilmente puedan ser llevadas a cabo por personas legas en la materia. Es por ello que se hace necesario aunar en este proceso tecnólogos expertos y juristas con experiencia que articulen nuevos modelos de ejecución automatizada, y así, de forma conjunta, mejorar la forma de tramitar y gestionar los asuntos, con equipos transversales y multidisciplinares.

Por este motivo, se hacen tan necesarias en el sector, iniciativas como la que propone Legal Shelter, ya que solo así, podrán idearse, desarrollarse e implantarse la innovación que el sector requiere para seguir mejorando y creciendo, en un esfuerzo común de alcanzar la excelencia profesional en los servicios jurídicos sin perder la competitividad que los nuevos contextos exigen.

 

Rocío Ramírez Torres

Directora Procesos Legales en EMC Software Jurídico.

 

 

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